Innovación farmacéutica: ¿dejársela al Estado?

Andrés Mejía Vergnaud*

En una reciente entrevista concedida a El Tiempo (dic. 7), Germán Velásquez, Director del Programa de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, descalifica de manera radical el papel que el sector privado juega en la investigación y desarrollo de nuevas medicinas, y propone que esta labor sea asumida por el Estado. Para Velásquez, la raíz del problema es que las empresas privadas “no tienen fines de salud pública” y “son grandes comerciantes”, razón por la cual propone: “debe haber un cambio radical: el Estado deberá tomar en sus manos la investigación y el desarrollo de productos”. Velásquez incluso afirma que, si se le permitiera una participación al sector privado, tendría que ser bajo una rígida agenda fijada por el Estado.

No cabe duda: el desarrollo de nuevas medicinas debe ser una de las más importantes prioridades de la humanidad. Sin embargo, el reconocimiento de la gran importancia de esta agenda de investigación no es razón para afirmar que deber ser responsabilidad exclusiva del Estado. De hecho, si excluimos al sector privado de este proceso, podemos terminar con consecuencias peores.

Hace casi cien años, Knut Wicksell, un brillante economista noruego, escribió que quienes se dedican a las políticas públicas, al hacer sus propuestas, “parecen estar siempre hablando con un déspota benévolo”. Es decir, hablan del Estado como si este fuese un buen rey todopoderoso, movido sólo por buenas intenciones, y lo más importante, siempre muy efectivo y eficiente en el logro de lo que se propone. Si hay algo que consideran que no hace bien el sector privado, o que podría hacerse mejor, de manera ingenua e inmediata postulan que tal actividad la debe emprender el Estado, como si esto fuera de por sí garantía de eficacia y buenos resultados.

Cualquier persona, incluso un menor de edad, que haya tenido en su vida algún contacto con el Estado, sabe que esta visión es absolutamente falsa y, como sugeríamos, totalmente ingenua. En particular, en lo que se refiere a la eficacia en el desarrollo de cualquier proceso, todos sabemos que el Estado se caracteriza precisamente por lo contrario. El Estado, y no sólo el nuestro, es por excelencia ineficaz, lento, derrochador, burocratizado, amigo del trámite y el papeleo, indiferente a las necesidades y hostil a la persona, vulnerable a la corrupción, y arbitrario. Y así lo ha sido cuando emprende proyectos productivos, empresariales, o de innovación.

En el caso del desarrollo de medicamentos, las cosas no han sido diferentes. En un estudio que realizaron sobre formas alternativas de promover la investigación farmacéutica, los profesores Glennerster y Kremer de la Universidad de Harvard concluyeron que, en el caso de las investigaciones llevadas a cabo por el Estado, hay una tendencia a financiar proyectos no prometedores o que no avanzan; encontraron también que hay una tendencia a exagerar los beneficios del producto que se ha desarrollado, lo cual es natural, pues los investigadores reciben fondos gubernamentales. Finalmente, se mostró que existe un gran riesgo de que los fondos sean desviados de su propósito original.

Esto no nos suena para nada extraño: es el Estado actuando como le es característico. ¿Cuántas veces hemos oído, de boca del propio Estado, exageraciones en el optimismo sobre sus políticas? ¿Cuántas veces hemos oído de desviación de fondos, o de financiamiento en grande de proyectos inútiles o no prioritarios? Cientos, tal vez miles de veces. La verdad, casi a diario.

Sería una locura, un verdadero suicidio, dejar la investigación farmacéutica únicamente en las manos de un sector con una tendencia natural hacia la ineficacia y el derroche.

Se queja el Dr. Velásquez de que las empresas privadas no son más que comerciantes, que no se preocupan por la salud pública. Por fortuna lo son. Dijo Adam Smith hace muchos años que él no esperaba obtener su cena de la benevolencia del panadero y el cervecero, sino de los intereses comerciales de estos. Son estos intereses los que mueven a cualquier persona o empresa a innovar, a producir, y a hacerlo minimizando costos, dirigiendo adecuadamente los recursos y enfocándose en lo que se necesita. ¿Quiere esto decir que el sector privado es perfecto? Claro que no. Tiene enormes fallas. Pero estas fallas palidecen en comparación a las que afectan al Estado, en particular si hablamos de la innovación, y la producción de bienes y servicios.

Es además muy ingenuo creer que sobre el Estado no operan intereses económicos. No solamente existen, sino que existen de manera odiosa, es decir, en un entorno que no es de competencia abierta como lo es el ámbito privado y comercial. A través del lobby y de otras prácticas, los intereses especiales buscan constantemente ser favorecidos por el Estado. En muchos casos, la agenda del Estado termina siendo la agenda de estos intereses especiales. 

¿Cómo se puede armonizar el interés comercial con los intereses de la salud pública? Las instituciones deben crear los incentivos que inviten a las empresas privadas a investigar en las prioridades de salud pública. Estos incentivos deben garantizar la rentabilidad y la estabilidad jurídica de la inversión. Si hay un lugar en esto para el Estado, es en el establecimiento de estos incentivos, y en asegurarse de que las innovaciones farmacéuticas, una vez producidas, lleguen a donde más se necesitan.

* Director Ejecutivo del Instituto Libertad y Progreso ILP (andresmejiav@cable.net.co )